El magistrado Fernando Ferrín Calamita, juzgado por el tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) por un delito de prevaricación por retrasar presuntamente la adopción de una menor por una mujer homosexual, aseguró ayer en la última vista del juicio oral que “este juicio nunca tendría que haber comenzado” y cerró su derecho a la última palabra afirmando que “si me declaran culpable será porque Dios lo ha decidido así y me tiene preparado otro trabajo mejor.”
El juez daba así por finalizado un juicio en el que tanto el fiscal como a acusación particular dejaron abierta la posibilidad de que pueda ser condenado por un delito de forma culposa, es decir, cometido sin intención.

En esta última sesión, en la que el Tribunal daba el proceso como visto para sentencia, la acusación particular elevó sus conclusiones finales, en las que pide 18 años de inhabilitación por prevaricación, aunque subsidiariamente propuso otras formas delictivas como prevaricación continuada o retardo malicioso, que supondrían otras penas inferiores.

Calamita negó en todo momento haber tenido intención de quitarles a la menor, como aseguró el magistrado de la acusación particular, José Luis Mazón, en la presentación de su informe, y añadió que “sólo velé por el interés de Candela”.

Aunque admitió que cometió un error al solicitar un procurador para la madre adoptante, declaró en este punto que “eso nunca será un delito”.

El acusado pidió su absolución y la devolución de su puesto de trabajo en un juicio que tachó de “político e injusto, porque se me juzga sólo por ser católico” y repitió, como ya dijese en su declaración, que “si el informe hubiera sido el adecuado yo lo hubiese aceptado, lo crean o no.”
A la salida de la sala, el magistrado aseguró a los medios de comunicación que espera que “se haga justicia”.