La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, se
despidió de la abogada Dolores Martín, ahora en prisión acusada de encargar el
asesinato de su marido, con la petición de que la avisara si el asunto llegaba
finalmente al Tribunal Constitucional y facilitándole además el teléfono de dos
letradas especializadas en casos de violencia de género. Esta última parte de la
conversación, de muy pocos segundos, se desarrolla a partir del momento en el
que la mujer admite a su interlocutora que es investigada por la Guardia Civil
como sospechosa de estar implicada en la muerte de su ex marido, Miguel Ángel
Salgado Pimentel. El crimen se produjo el 14 de marzo del pasado año en el
garaje de la vivienda que la víctima tenía en Ciempozuelos (Madrid), sólo 24
horas antes de que un juzgado de familia otorgara al hombre la custodia de la
única hija habida en el matrimonio.
Como ya adelantó el pasado sábado ABC, la conversación entre María
Emilia Casas y Dolores Martín se produjo a instancias de una amiga de la
primera, que le dio el nombre y el número de teléfono de la abogada para ver si
la podía aconsejar sobre la mejor forma de presentar un recurso ante el juzgado
de familia para recuperar la custodia de la niña. A las 21:27 horas del 17 de
abril -apenas un mes después de que se cometiera el asesinato de Salgado-, la
presidenta del Tribunal Constitucional descolgó el teléfono y marcó el número de
Dolores Martín, lógicamente sin tener la menor idea de que era sospechosa de un
crimen y que además tenía el teléfono intervenido. Ni siquiera sabía que la
persona a la que llamaba era letrada.
Sorpresa
En la primera fase de la conversación, la mujer relata a Casas
supuestas agresiones perpetradas contra ella por su ex marido y los distintos
avatares de su caso, entre ellos el de la pérdida de la custodia de la niña, que
quiere recuperar a toda costa. Posteriormente se produce el reconocimiento de
que es investigada por el citado crimen, lo que sin duda soprende notablemente a
la presidenta del Constitucional, que decide poner fin a la comunicación.
Eso sí, lo hace con una frase que llama la atención y que puede
tener varias interpretaciones: «Avísame si esto llega al Tribunal
Constitucional», es la frase casi textual que pronuncia Casas -en cualquier
caso, ese es el sentido exacto de la misma, según las fuentes consultadas por
ABC-, quien a continuación facilita a su interlocutora el teléfono de dos
abogadas especializadas en casos de malos tratos. Hay que precisar que en
momento alguno María Emilia Casas explica para qué quiere que la avisen si se
produce esa circunstancia de que el asunto llegue al Constitucional.
Fuentes judiciales consultadas por ABC insistieron en que por sí
misma esa frase no supone que la presidenta del TC haya cometido delito alguno,
«ya que se trata de una posibilidad de futuro y no dice en momento alguno la
razón por la cual le interesa conocer esa circunstancia, como puede ser ayudar a
esa mujer o bien abstenerse en este asunto al haber tenido conocimiento previo
de él».
Eso sí, las mismas fuentes insisten en que esa frase confirma la
«llamativa imprudencia con la que ha actuado María Emilia Casas en este asunto»,
sin duda no menor teniendo en cuenta que se trata de la cuarta autoridad del
Estado. En otros medios consultados se considera, incluso, que sin duda la
actuación de la presdenta del TC no es delito, pero en cualquier caso sí es
«éticamente dudoso y en un país normal el implicado abandonaría su cargo».
La juez de Valdemoro que eleva la exposición razonada al Tribunal
Supremo sobre la escucha a María Emilia Casas no hace en su escrito un estudio
jurídico demasiado profundo sobre el contenido de la grabación, sino que se
limita a informar del caso y a pedir que se analice por si la presidenta del TC
hubiera cometido un delito recogido en el artículo 441 del Código Penal, que
alude al asesoramiento jurífico a un abogado y a un particular por parte de un
magistrado, aunque sea accidental. De hecho, no hace hincapié en la frase en la
que Casas pide a Martín que le avise de si el caso llega al
Constitucional.
Situación delicada
Fuentes jurídicas insisten en que la actuación de los jueces de
instrucción en estos casos es muy delicada, ya que toman decisiones sobre algo
que afecta a personas aforadas, que no son de su competencia. Si archivan el
asunto sin más y luego trasciende algo quedarían comprometidos. Pero la
situación contraria no es mucho mejor, ya que si lo envían al TS deben hacer una
exposición motivada sobre posibles indicios de delito de una persona a la que no
pueden investigar. Y esto exige un análisis más a fondo que el necesario para
admitir o no a trámite una querella sobre la que sí son
competentes.