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Madrid, 21 dic. (COLPISA)
Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia de género pedirán al Ministerio del Interior que estudie fórmulas “para la posible ilegalización” de asociaciones que “hacen apología de la violencia de género”. La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y el Consejo de Mujeres del municipio de Madrid, firman tres cartas y otras tantas solicitudes de entrevista con el titular de Interior, José Antonio Alonso, la Fiscal Especial contra la Violencia de Género, Soledad Cazorla, y la Delegada del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres, en las que denuncian una “campaña de desprestigio” contra la ley integral aprobada hace ahora un año.
Existe “una abierta ofensiva por parte de los violentos contra la ley integral”, denunció Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Los responsables de esta ofensiva son, a su juicio, agrupaciones de hombres que, bajo pretexto de luchar por causas como la custodia compartida en casos de separación y divorcio, aprovechan para denostar la ley e “incitar a la violencia contra las mujeres”.
El detonante de esta denuncia de las organizaciones de mujeres –sin cuya lucha de años no existiría hoy la ley integral- fue un reportaje aparecido a principios de diciembre en un diario asturiano, en el que se da voz a tres hombres ‘víctimas’ de la ley. Uno de ellos, Felipe Aller, presidente del Círculo de Ayuda a Padres, considera la ley “injusta” e “irritante porque estigmatiza penalmente al hombre”. Tanto –añade-, que “al final, van a conseguir que los que le dan un martillazo a una mujer empiecen a ser héroes, porque la gente ya está muy cabreada” .
Es –replicó Pérez del Campo- “una incitación a la violencia”, que suscita dudas sobre la capacidad de la democracia de defender las leyes aprobadas por el Parlamento. “No se pueden llamar a esto asociaciones legales, cuando no respetan los principios democráticos”, recalcó.
Las cuatro organizaciones encabezan además otra carta –suscrita por casi 150 firmas- remitida al director del diario para que rectifique esta información. “No es admisible dar voz a los maltratadores”, aseguraron. Dos de los protagonistas del reportaje tienen sendas órdenes de alejamiento de sus mujeres dictadas por un juez.