Tres nuevos magistrados feminazis en el Tribunal Constitucional.

Segoviano es la más extrema. Se ha señalado en estos años como firme defensora de los postulados radicales del feminazismo.

Se unen a las feminazis ya presentes en el Tribunal. De ellas destacan Inmaculada Montalbán y Luisa Balaguer.

La primera es famosa por negar la existencia de denuncias falsas y falsear los datos de maltrato cuando era presidenta del Observatorio de violencia.

La segunda fue seleccionada en su día por ser experta en "género". Puede ser la nueva presidenta del Tribunal y tener el voto de calidad para desempatar votaciones.

También accede Campo que fue secretario de estado de justicia con Rodríguez Zapatero. Esto es, coautor de la ley de violencia de género.

Siguiendo las órdenes de quienes les han seleccionado, serán las encargadas de declarar constitucionales las últimas leyes feminazis que han aprobado en las Cortes y que luego no serán derogadas por el cobarde gobierno posterior a Pedro Sánchez.

Nos esperan al menos tres años de absolutismo feminazi en el Tribunal. En el BOE serán unos cuantos años más.

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Estos son los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional. (Foto: EP)

Mariela Mensat – 27/12/2022

La renovación del Tribunal Constitucional llega a su fin con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados. Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, nombrados a propuesta del Ejecutivo que relevarán a Pedro González-Trevijano (presidente del TC) y a Antonio Narváez. Por otro lado, María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial, sustituirán al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a Santiago Martínez-Vares.

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961):

Como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo tuvo en sus manos dos medidas de carácter jurídico con una muy relevante proyección política: los indultos a los políticos catalanes presos por el ‘procés’, con Oriol Junqueras a la cabeza, y la reforma del delito de sedición.

Fue Campo quien diseñó las medidas de gracia concedidas hace año y medio a los líderes del independentismo encarcelados por la intentona rupturista de 2017 y quien dejó también preparada la posible modificación de la sedición. Finalmente, y sobre este último cambio legislativo, Sánchez ha ido más allá de lo que en apariencia había dejado preparado su exministro al proceder no ya a una rebaja del delito por el que fueron condenados los secesionistas, sino a su derogación.

Campo, ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde enero de 2020 hasta julio de 2021, nació en la localidad sevillana de Osuna hace 61 años, es magistrado y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como diputado por Cádiz, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso en tres legislaturas.

Sin ser un ‘sanchista’, se decantó por el hoy presidente del Gobierno en la disputa con Susana Díaz. Esta toma de partido le costó quedar excluido de las listas para las elecciones generales en 2015, pero Sánchez impuso que fuera incluido en la candidatura por Cádiz.

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969):

Díez Bueso ha ejercido cargos gubernamentales en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, tanto en la pasada legislatura como en la actual, si bien algo más en la sombra que el extitular del departamento de Justicia.

De esta manera, Díez Bueso fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde febrero del año 2020, cuando la nombró la exvicepresidenta y exministra de Presidencia Carmen Calvo, y hasta el pasado 26 de abril, por lo que ha prestado sus servicios también para el ministro Félix Bolaños, quien sucedió a Calvo en julio de 2021 al frente de esa cartera. Previamente, había desempeñado el cargo de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo el mismo departamento de Presidencia, entre 2018 y 2020, cuando José Antonio Montilla ocupó ese puesto.

La futura magistrada del Tribunal Constitucional abandonó el Ministerio de la Presidencia para desempeñar a continuación la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, cuyo nombramiento tiene fecha del 25 de mayo. Este organismo se encarga de analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán.

También había sido destacable su paso previo por el Gobierno catalán, para el que había ejercido entre 2002 y 2004 de asesora para la reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma. Tras ese puesto y hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, un organismo asimilable al Defensor del Pueblo español, que tiene la función de atender las quejas de los ciudadanos sobre la actuación de la administración y que vela por el buen funcionamiento de las instituciones catalanas, tanto la autonómica como las locales. Al Síndic lo elige el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña y es políticamente independiente.

Díez Bueso tiene una amplia carrera académica: es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional de la misma Universidad desde 2020. En el ámbito universitario, ha investigado sobre los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información, así como los sistemas universitarios y de investigación.

María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950)

María Luisa Segoviano, que se ha jubilado este mismo año 2022, ha sido la primera mujer que ha presidido una de las cinco salas del Tribunal Supremo, en su caso, la de lo Social, entre 2020 y su retiro el pasado mes de octubre. En el momento de su nombramiento para ese cargo contó con el apoyo aplastante del pleno del CGPJ.

Segoviano nació en una familia de juristas (su padre fue magistrado y su madre se licenció en Dererecho) y a esta disciplina también se dedican la mayoría de sus seis hermanos. Se especializó en laboral desde que en 1974 sacó la oposición como secretaria de Magistratura de Trabajo, con destinos como Barcelona, Palencia o Valladolid. Posteriormente, en 1987, ingresó en la judicatura, y su primer juzgado fue el de Primera Instancia e Instrucción 1 de Bilbao, donde permaneció dos años, para pasar a continuación al Juzgado de lo Social 1 de Valladolid. Tras esa experiencia, en 1996, fue designada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla. Y de ahí pasó a magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde, antes de presidirla, permaneció catorce años.

En una reciente entrevista, Segoviano destacó que la puesta en marcha de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia para proteger el empleo fue una medida «muy acertada, positiva» y que se trata de un instrumento «potentísimo» para salvaguardar tanto los puestos de trabajo como las empresas. Por ello, invitó a que se vuelvan a utilizar en el futuro ante situaciones económicas negativas para ayudar al tejido productivo a sobrevivir.

De sensibilidad feminista, en alguna ocasión ha puesto de relieve en público la falta de mujeres en los cargos más altos de la judicatura y también se muestra muy preocupada con la violencia machista. De hecho, cuenta con publicaciones en este ámbito de la igualdad de género.

César Tolosa Tribiño (Segovia, 1957)

Preside la Sala III (de lo contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo y es magistrado de este alto tribunal desde el año 2014. Durante los diez años anteriores había presidido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tras haber sido presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo tribunal durante once años. Allí, previamente, había sido magistrado de la Sala Civil y Penal.

Tolosa ingresó en la carrera judicial en 1982 y si bien el grueso de su actividad profesional la ha desarrollado en Cantabria donde fue creciendo pasando por diferentes puestos del escalafón judicial, su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara), para dos años más tarde ascender a magistrado y ser destinado al Juzgado número 5 de Palma de Mallorca, ingresar en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejercer ya en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990.

La experiencia de Tolosa incluye también actividad docente en materias relacionadas con las jurisdicciones social y contencioso-administrativa, cuenta con publicaciones jurídicas y artículos doctrinales y ha colaborado con proyectos de cooperación judicial internacional.

https://okdiario.com/espana/estos-son-cuatro-nuevos-magistrados-del-tribunal-constitucional-10214931

 

El CGPJ elige por unanimidad al conservador Tolosa y a la progresista Segoviano y desbloquea la renovación del Constitucional

El presidente del CGPJ, Rafael Mozo (centro), preside el pleno extraordinario celebrado este martes. EFEPOOL

Manuel Marraco

Madrid - Martes, 27 diciembre 2022

El consenso llega tres días después de que Felipe VI advirtiera de la erosión de las instituciones y con la amenaza de fondo de un cambio en el sistema de elección

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este martes por unanimidad a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional. El conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano han sido elegidos por unanimidad de los dos bloques del Consejo: los 10 vocales del sector conservador y los ocho del progresista.

La decisión supone que se desbloquea la renovación del Constitucional. Ambos magistrados accederán al tribunal junto a los dos ya elegidos por el Gobierno, la ex asesora de La Moncloa Laura Díez y el ex ministro Juan Carlos Campo. En el cambio de cuatro de los magistrados del TC saldrán tres conservadores y un progresista y entrarán tres progresistas y un conservador. El resultado es que en unos días el Constitucional pasará a tener una mayoría progresista.

La unanimidad en torno a los dos nombres propuestos por el bloque conservador mayoritario llega apenas tres días después del mensaje de Nochebuena en el que Felipe VI alertaba de la erosión de las instituciones y pedía su fortalecimiento.

El acuerdo ha llegado por la decisión de los ocho vocales adscritos al sector progresista de apoyar a la magistrada de esta sensibilidad que el sector conservador había propuesto como alternativa al nombramiento de José Manuel Bandrés, que era la opción preferida por los progresistas. Según fuentes del Consejo, todos los vocales de la minoría han explicado que votaban a Segoviano por "sentido institucional" y ante la necesidad de salir de la situación de "bloqueo" a la que se había llegado. Cinco de los vocales progresistas han repetido esta fórmula.

Al nombre de César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, el bloque mayoritario había sumado a Segoviano como magistrada de prestigio progresista, considerando que Bandrés era un nombre propuesto por La Moncloa y demasiado próximo a Cándido Conde-Pumpido, candidato a presidir el TC tras la inminente renovación.

Un voto más

Segoviano, que abandonó recientemente el Supremo por jubilación, fue la primera mujer en presidir una sala del Alto Tribunal. Fuentes del sector conservador resaltan que, si bien el acuerdo es fruto de la cesión de los progresistas -también se habría alcanzado si los conservadores hubieran aceptado a Bandrés-, parte de los sucedido se debe al perfil "inobjetable" de la magistrada progresista que se proponía.

El Pleno apenas ha durado los minutos necesarios para hacer la votación. Han estado presentes los 18 miembros actuales del Consejo, que en principio cuenta con 21 (una veintena de vocales y el presidente). La cifra responde a la renuncia de Carlos Lesmes como presidente, la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto.

Con 10 votos, el bloque conservador mayoritario solo necesitaba uno más para obtener los tres quintos que requiere la ley. El acuerdo estaba hecho cuando la primera progresista en intervenir, Roser Bach, ha apoyado la dupla Tolosa-Segoviano. Cuando también la progresista Mar Cabrejas ha votado lo mismo añadiendo el mensaje de la responsabilidad institucional, ha quedado claro que se trataba de una decisión del bloque minoritario del Consejo.

El último en votar ha sido el presidente del Consejo, el progresista Rafael Mozo. Ha sumado su apoyo a los dos candidatos elegidos y se ha felicitado por el acuerdo.

Por su parte, el vocal del mismo bloque Enrique Lucas ha pedido intervenir para mostrar su malestar por las informaciones que le señalaban como posible solución al bloqueo, contemplando que pasara a votar con el bloque conservador como reacción a la decisión de los progresistas de no haber apoyado a su hermano, Pablo Lucas, presentado como alternativa a Bandrés por los conservadores antes que Segoviano. Ha indicado que esa posibilidad no tenía fundamento y que su voto respondía solo a su responsabilidad como vocal.

La decisión adoptada este martes supone que el Gobierno ya no necesita reformar el sistema de designación de magistrados del TC. El plan del Ejecutivo era eliminar la necesidad de consenso en el CGPJ y que fueran al TC los dos que obtuvieran más votos, sin necesidad de alcanzar tres quintos de los apoyos.

Esta reforma fue paralizada la semana pasada por el TC por la forma en que se había tramitado. Existía también la posibilidad cierta de que, si se aprobaba por otra vía, fuera recurrida de nuevo ante el TC por el PP o Vox, o bien ante el Supremo por los propios vocales del Consejo.

Presión de plazos

El acuerdo pone fin a un problema que comenzó a gestarse con la reforma impulsada por el Gobierno que impedía al CGPJ en funciones hacer nombramientos. Cuando se vino encima el momento de designar a los dos magistrados del TC que corresponden al Consejo, el Ejecutivo comprobó que, sin ellos, tampoco los cos candidatos que le toca designar podían acceder al TC. Cambió la ley en julio imponiendo al CGPJ nombramientos en septiembre que con tanta premura no llegaron.

Las negociaciones y discusiones sombre los mejores candidatos y el espejismo de una intervención de la UE que desatascara la renovación del Consejo frenaron varias semanas el acuerdo que finalmente ha llegado. Los cuatro magistrados ya designados tendrán un mandato más corto que los nueve años previstos, ya que la ley establece que deben restarse los algo más de seis meses de retraso en su toma de posesión, que debía haberse producido el pasado mes de junio.

https://www.elmundo.es/espana/2022/12/27/63ab116621efa058228b45a8.html